Funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia participaron ayer en Buenos Aires de la reunión de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, donde se analizó la situación generada por los excesos hídricos en distintas zonas del país.
La comitiva de Córdoba estuvo encabezada por el Subsecretario de Infraestructura Rural de la cartera productiva, Edgardo Bustamante. En el encuentro, se presentó la documentación correspondiente para solicitar al Ministerio de Agroindustria de la Nación la homologación del decreto provincial 980/2017.
Cabe recordar que ese documento prorrogó en Córdoba la emergencia agropecuaria hasta el 31 de diciembre de 2017, para los establecimientos dedicados a las explotaciones agrícolas, por anegamiento de suelos a causa de las lluvias extraordinarias del ciclo productivo 2016/2017 en las zonas afectadas. En un principio, ese estado vencía a mediados de año, pero debido a la continuidad de las complicaciones, el Ejecutivo decidió extender la medida.
Incluye las siguientes cuencas hidrográficas: a) Sistema Santa Ana, Sistema La Picasa, Sistema Laguna Jurne, Sistema Río Saladillo, Sistema Río Quinto, Área sin drenaje superficial, Sistema Morteros, Sistema Río Carcarañá, Sistema San Francisco, Sistema Laguna del Siete y Río La Paraguaya, en toda su extensión; b) Cuenca Río Primero (Suquía), Cuenca Río Carnero y Río Salsipuedes, Cuenca Río Jesús María y Río Pinto, Cuenca Río Totoral y Arroyo Macha, Cuenca Río Bustos y Arroyo del Pescadero, Cuenca Río de los Tártagos y Río Seco, Sistema Río Dulce en sus porciones inferiores a la cota de ciento cincuenta (150) metros sobre el nivel del mar establecida por el Instituto Geográfico Nacional y c) Sistema Arroyo El Gato y Arroyo Santa Catalina, Sistema Río Cuarto, Sistema Río Tercero, Sistema Arroyo Chazón, Sistema Arroyo El Chato, Sistema Arroyo Tortugas y Cuenca Río Segundo (Xanaes), en sus porciones inferiores a la cota de trescientos (300) metros sobre el nivel del mar establecida por el Instituto Geográfico Nacional.
La solicitud de homologación de los decretos provinciales de Emergencia Agropecuaria es un paso necesario para que los establecimientos incluidos en las zonas afectadas puedan acceder a los beneficios que otorga la Nación para estos casos, tanto en materia impositiva como crediticia.